Sentencia No. TC-0058-2013, del Tribunal Constitucional, que declara el Derecho a la Educación por encima de la Libertad de Empresa

Por Carlos Luis Baron martes 23 de abril, 2013

Primeramente tenemos que realizar una corrección, ya que la mayoría de los medios de comunicación que se hicieron eco de esta información, erróneamente reseñaron que se trataba de la sentencia TC-0058-2012 y aunque es el mismo número, esta sentencia es del año 2013, en tal sentido la sentencia correcta es la TC-0058-2013. Aclarado este asunto, pasamos a realizar nuestro comentario desde el punto de vista jurídico, tomando en consideración lo establecido en los artículos nos. 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño de fecha 20/11/1989, los Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, la Constitución Dominicana del año 2010 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, Ley no. 137-2011.

La Sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, TC-0058-2013, la cual declara conforme a la Constitución el artículo no. 48 del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de la Ley no. 136-2003, sienta un precedente y bien clarificar una situación de vulneración del derecho fundamental a la educación. Si bien es cierto que los colegios privados tienen derecho a la Libertad de Empresa, no menos cierto es que los niños, también tienen derecho a la educación.

Por consiguiente no creo que con esta sentencia el Tribunal Constitucional, este legalizando la morosidad de algunos padres cuando por múltiples razones dejan de cumplir con el pago del colegio de sus hijos, toda vez que los centros educativos, aunque sea a final del período escolar, tiene la potestad y la prerrogativa de no inscribir a los niños cuyos padres han dejado de cumplir sus compromisos, los cuales de alguna manera tendrán que cumplir con el pago, ya que para inscribir sus hijos en una escuela pública u otro centro educativo, necesariamente tienen que estar al día con todos sus compromisos.

Desde la Convención de los derechos del Niño, se establece en el artículo no.3, inciso 1, el Principio del interés superior del Niño. De igual manera desde la doctrina comparada interpretando los principios postulados en la Convención, se ha señalado que este principio del interés superior del niño, está por encima de los padres, de la sociedad y del Estado, en ese tenor Gatica y Chaimovic, han señalado lo siguiente:

El llamado interés superior del niño debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña.

En su Opinión Consultiva OC-17/02/ del 28 de agosto del año 2002, en relación a este principio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado lo siguiente: El interés superior del niño debe ser entendido respecto del niño, niña o adolescente mismo, en cuanto sujeto de derecho, de tal manera que este niño pueda gozar de todos sus derechos y así, permitirle el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades.

Este principio de integración fue confirmado por la CIDH. en el dramático caso de los Niños de la Calle, en donde la Corte haciendo alusión específica al contexto de los derechos del niño, señala que tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un amplio corpus juris internacional de protección de los niños que sirve a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana.

Siguiendo en el plano del Derecho Comparado, desde la Corte Constitucional de Colombia, la cual es de las Altas Cortes que ha tenido un mayor desarrollo en lo referente a la Dignidad Humana, en varias sentencias se ha establecido la doble dimensión que se desprende del Derecho a la Educación, primero como derecho fundamental inherente a la persona humana y segundo como servicio público al cual el Estado está en el deber y la obligación de prestar, regular y remover los obstáculos para hacer efectivo este derecho. En ese sentido desde la sentencia T-779-2011, la Corte ha esgrimido el siguiente criterio:

El derecho a la educación al tener doble connotación, a) como derecho fundamental e inherente al ser humano y b) como servicio público que debe traducirse en una prestación eficiente de parte del Estado, tiene un componente que busca su efectividad, el cual es la accesibilidad..Esta Corporación ha ordenado la protección del derecho a la educación, mediante la remoción del obstáculo en cuanto a su accesibilidad. Este ha sido el caso de nombramiento de docentes o de desplazamientos desproporcionados a las aulas escolares

En lo referente a la protección frente a los particulares, la Corte Constitucional de Colombia, mediante la sentencia 306-2011 del 28 de abril, ha establecido cuatro características básicas y esenciales que se conjugan en torno al Derecho a la Educación, en ese sentido la Corte ha expresado lo siguiente:

El derecho fundamental a la educación consiste, básicamente, en la facultad de gozar de un servicio de educación con cuatro características interrelacionadas cuales son la asequibilidad o disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, elementos que se predican de todos los niveles de educación y que el Estado debe respetar (abstenerse de interferir), proteger (evitar interferencias provenientes de terceros) y cumplir (ofrecer prestaciones)…

Ubicándonos en el ámbito local, con esta sentencia se pone en evidencia una vez más, la importancia de la creación del Tribunal Constitucional, como intérprete de la Constitución y garante de los derechos fundamentales, ya que el Derecho a la Educación es un supranacional y en esta materia no podemos hablar de soberanía. Partiendo de estas consideraciones, estimamos que el Tribunal Constitucional ha interpretado desde nuestro punto de vista de manera correcta lo que establece el artículo no. 74.4 cuando expresa lo siguiente: Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en cado de conflicto entre derechos fundamentales, procuraran armonizar los bienes e intereses protegidos esta Constitución.

En ese mismo tenor se establecen el artículo no. 7 de la Ley no. 137-2011, establece dentro de los principios rectores que configuran el Sistema de Justicia Constitucional el principio de favorabilidad, desde donde se postula lo siguiente:

La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.

Es evidente que este recurso de inconstitucional que ha sometido la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) contra el artículo no. 48, literal F y G, del Código de (NNA) y del artículo no. 1 de la Ley 86-2000, tienen trascendencia nacional y por consiguiente no deja de representar un tema conflictivo que habrá de ocupar los titulares de la prensa radial, escrita y televisiva. Toda vez que estamos en presencia de un conflicto entre Derechos Fundamentales, como el de la Libertad de Empresa establecido en el artículo no. 50 de la carta magna y el Derecho a la Educación postulado en el artículo no. 63.

En este caso coincidimos con la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional, toda vez que ha valorado y aplicado lo que establece la Constitución y le ha dado prelación al Derecho a la Educación, garantizando así el Derecho Superior de los menores. En lo referente a la potestad del Estado para regular las tarifas de los Colegios, entendemos que aunque sea una actividad que se desarrolle desde el sector privado, el Estado tiene que cumplir su función de regulación de los servicios públicos, ya sea que los mismos, sean prestados por el Estado o por los particulares. Los Servicios Públicos tal y como lo establece el artículo no. 147 de la Constitución, están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo, en ese sentido, estos deben ser prestados sobre la base de unos principios, los cuales están contenidos en el numeral 2. Del artículo in comento, veamos:

Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria

En conclusión debemos puntualizar que aunque el titulo de este articulo, se refiere al conflicto entre dos derechos, en realidad no hay vulneración del derecho a la libertad de empresa, toda vez, que los centros educativos, al final de año tienen la facultad de no inscribir los hijos de los padres deudores, pero además estos finalmente para retirar las notas y las certificaciones correspondientes, tienen que ponerse al día en el pago. En consecuencia de lo que se trata es, como se ha postulado desde la doctrina y la jurisprudencia comparada, la protección del interés superior del niño, el cual está por encima de los padres, de la sociedad y el Estado, toda vez que el Derecho a la Educación adquiere una connotación y dimensión que vas mas allá de la propia educación, de donde se desprende que impedir este derecho vulnera la propia dignidad humana[1].

REFERENCIAS.

GATICA, Nora, y CHAIMOVIC Claudia (2002) La justicia no entra a la escuela. Análisis de los principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en La Semana Jurídica.

Dirección de Internet.

1- Ver artículo en: ttp://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=326919

Jurisprudencias.

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C N° 63

Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, par. 24.

Corte Constitucional de Colombia

Sentencias T- 1030-2006

Sentencia T-779-2011 del 20 de abril

Sentencia T-306-2011 del 28 de abril