Suerte de Posada Carriles se decide en audiencia asilo político

Por lunes 29 de agosto, 2005

El Paso (Texas), 29 ago (EFE).- La suerte del anticastrista Luis Posada Carriles comenzó a decidirse hoy en una audiencia de asilo político en Estados Unidos en la que la Fiscalía Federal pidió su deportación a Venezuela.

La vista del activista de origen cubano, acusado por Cuba y Venezuela de actos terroristas, comenzó este lunes en un centro de detención de Inmigración de El Paso, Texas (EEUU).

La fiscal Gina Jackson pidió que Posada Carriles sea enviado a ese país por ser la nación de ciudadanía del anticastrista, además de considerar que Venezuela "inicialmente" no constituye ningún peligro para él.

No obstante, dijo que los testimonios que sean presentados durante los próximos días serán determinantes en ese aspecto.

El juez William Lee Abbott, encargado del caso, estuvo de acuerdo en que Venezuela sería el país destinatario, a menos que los testigos que suban al estrado durante la audiencia demuestren que esa nación representa un riesgo.

Venezuela, el principal aliado de Cuba en Latinoamérica, ha solicitado la extradición de Posada Carriles, por la voladura de una aeronave de Cubana de Aviación en la que murieron 73 personas, en 1976.

La Fiscalía argumenta que al anticastrista se le debe negar el asilo político por su "historial criminal", que incluye ataques a hoteles y restaurantes en Cuba, en 1997, por el juicio que enfrentó en Panamá, por delitos contra la seguridad nacional de otros países y por falsificación de documentos.

Entretanto, Posada Carriles, de 77 años, ratificó su petición de asilo político, a pesar de que se le advirtió de que si no tenía bases para ello podría perder cualquier privilegio, como un permiso humanitario en el futuro para entrar en el país.

Posada Carriles deberá demostrar al juez que no tiene ni ha tenido nexo con actividades o grupos terroristas, requisito establecido en las leyes migratorias de EEUU para conceder asilo político.

Los fiscales han consignado documentos desclasificados en los que se indica que un ex funcionario venezolano no identificado afirmó que se dijo que Posada Carriles y otras personas "atacarían un avión cubano".

El presunto comentario se habría producido antes de la voladura del avión de Cubana de Aviación.

Su abogado defensor, Eduardo Soto, sostiene que su cliente no ha participado en el atentado contra el avión cubano y que de ser entregado a Venezuela, correría peligro, al igual que si es enviado a un tercer país.

Soto planea solicitar que al anticastrista se le permita acogerse al Convenio Internacional de Protección contra la Tortura, pero la fiscal Jackson arguyó hoy que ese acuerdo no puede aplicarse en este caso, al reiterar que esa nación no representa ningún riesgo.

Bajo ese convenio están amparados dos militares venezolanos disidentes, a quienes un juez de Inmigración de Miami les negó el asilo político, pero aplazó su deportación basándose en ese acuerdo.

Durante la vista, una veintena de manifestantes, liderados por el grupo de derechos de Cuba ANSWER, con sede en California, protestaron contra la presencia de Posada Carriles en Estados Unidos y pidieron su extradición a Caracas.

A la protesta se sumaron familiares de víctimas del atentado contra el avión cubano.

"Estamos aquí para pedir a EEUU que haga justicia a todas las familias de sus víctimas (de Posada), que sea enviado a Venezuela y que no suceda lo mismo que pasó con Orlando Bosch, dijo a EFE Sharon Persuad, hermana de Raymond Persuad, quien falleció en el vuelo de Cubana de Aviación.

Posada Carriles está bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde mayo pasado tras ser arrestado en Miami (Florida) y encara un cargo de entrada ilegal en el país.

Cuba también acusa a Posada Carriles de planear un atentado contra Castro durante la X Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá en el 2000.

El anticastrista fue indultado en 2004 por la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso, junto con otros tres cubano-americanos, tras ser condenados a siete años por delitos contra la seguridad y falsificación de documentos. EFE