Tras la amnistia fiscal: La Ley de FATCA

Por Carlos Luis Baron domingo 2 de diciembre, 2012

El pasado 30 de noviembre, España cerró el plazo para acogerse a la amnistía fiscal. Y es ahora cuando la República Dominica se aproxima a este proceso. Ambos países justifican la Amnistía Fiscal como una fuente de ingresos tributarios necesarios para enfrentar la crisis económica. Y lo es. Pero también parece ser la antesala de un sistema global de intercambio de informaciones que automáticamente dejarán al descubierto los patrimonios y rentas ocultas en países que como el nuestro, practican la impunidad.

Un país donde la complicidad y la corrupción política nos alejaron de la producción para acercarnos a los márgenes de los ríos, donde aflora la delincuencia y el dinero ilícito como producto de esa economía sumergida que no tributa, y que estará bajo acecho entre los Estados Unidos (EEUU) y los países que vayan rubricando con ese imperio un acuerdo de intercambio de información entre sus entidades financieras y sus autoridades tributarias.

Recuerdo que por el año 2004, conversaba con un sanjuanero que en poco tiempo se había convertido en un próspero agroempresario. El me contaba que tenía un hijo en EEUU, al cual pertenecía el considerable patrimonio que entonces exhibía frente a los ya lánguidos y/o quebrados agricultores y ganaderos atrapados en el cepo de la usura. Le sugerí regularizar su situación fiscal, advirtiéndole que todo dinero que enviara su hijo debía estar justificado con sus ingresos en sus declaraciones de impuestos en los EEUU. Pensé que de momento no tendría problema dado el secreto bancario.

Y aunque con cierto retraso, el panorama local y mundial cambiará; pues a partir del 01 de enero del 2013 se iniciará la aplicación en el mundo de la Foreign Account Tax Compliance Act, mejor conocida como FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).

Ya España y EEUU rubricaron un acuerdo para luchar contra la evasión fiscal internacional, y aunque la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) considera que la ley de FATCA constituye una violación al secreto bancario consagrado en la ley sustantiva de casi todos los países latinoamericanos, sugiere a los gobiernos de los países de esta región negociar acuerdos con EEUU en torno a la lucha coordinada contra la evasión fiscal a nivel internacional. Es imposible negarse a la petición de tan importante socio económico.

Los activos ocultos que sean descubiertos a raíz de la implementación de la ley de FATCA según lo acordado entre España y EEUU se imputarán al período fiscal más antiguo no prescripto y se instaurará un régimen sancionador del delito fiscal que conllevaría elevar la pena máxima de cárcel, a lo cual obliga una Reforma del Código Penal. República Dominicana estará sobre esos mismos rieles.

El FATCA obligará a los ciudadanos y residentes de EEUU a declarar todas sus cuentas al IRS (Internal Revenue Service), inclusive las que tienen fuera de EEUU cuyas fuentes conlleven declarar impuestos. Esta ley también exige revelar la participación de algún ciudadano estadounidense en las sociedades jurídicas de los países firmantes.

En el caso de España, EEUU le transmitirá la información suministrada por sus entidades financieras acerca de los intereses que los contribuyentes españoles hayan percibido en las mismas. Y de igual forma, EEUU continuará firmando con otros países, un acuerdo basado en el modelo que conjuntamente han negociado y elaborado Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y España.

Con la Amnistía Fiscal, por un lado el gobierno que preside Danilo Medina pretende motivar y preparar la regulación del patrimonio y de rentas no declaradas para recaudar millones de pesos dominicanos necesarios para financiar las inversiones y el gasto público. Y por otra parte, se avanza en el sistema global de intercambio de información fiscal a semejanza de lo que acontece en otros países vecinos; tal el caso de Panamá y demás.

Pero, aún intento precisar si el Ministerio de Hacienda evitará que el delito fiscal sea considerado como delito previo del blanqueo de capitales. Desconozco si existe en República Dominicana alguna jurisprudencia al respecto. O si afectarán las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ante los fraudes contra el Ministerio de Hacienda, que podrían derivar en un delito de blanqueo de capitales. De lo que se debe tratar solamente es de enmendar errores haciendo una contribución reducida, sin intereses y recargos como si se hiciera dentro de los plazos y forma establecidos en la normativa tributaria: sin ningún riesgo.

El Ministro de Hacienda junto al Ing. Fernando Fernández, director de la Dirección General de Aduanas y al Lic. Guarocuya Félix, director de la Dirección General de Impuestos Internos deben ventilar este tema con el propósito que el Primer Ejecutivo opte por presentar una modificación al Código Penal a los fines de la Amnistía Fiscal.

Pero si no lo hicieran: ¿Quién se atrevería a acogerse a una amnistía fiscal si existiera el riesgo de ser procesado por lavado de activos? No se pueden juntar mansos con cimarrones; ni se puede llevar a cabo persecución política a merced de la voluntad de unos. Hay que procesar en la justicia a los defraudadores del Estado. La ley debe ser justa e igual para todos.

Y el presidente Medina tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica del indulto fiscal para proteger a los comerciantes y empresarios que actúan en la economía del país. El debe estar a la mira del proyecto de Ley de Amnistía Fiscal aprobado en el Senado de la República Dominicana pues en el Art. 20 no lo garantiza.

Y expreso esto con elevada indignación por encontrarnos frente a una modificación al Código Penal donde nuestros legisladores se están centrando en complacer a los representantes del Concordato en vez de ocuparse del endurecimiento de las sanciones para las rentas no declaradas, tal como la imprescriptibilidad de los bienes evadidos en el extranjero; una vez queden amnistiados los contribuyentes que así lo decidan.

Tras la Ley de Amnistía Fiscal y la aplicación de la Ley de FATCA, el país y el mundo tendrán que cambiar, y el Lic. Danilo Medina tendrá que coadyuvar a emerger esa economía macerada en el dulce licor de la corrupción nacional e internacional que ha empalagado a tantas personas, pero que causa tan amarga desigualdad a las mayorías de los ciudadanos.

Nota: La autora es auditora.