Tributar sobre lo prescindible, lo de orden o justicia, lo personalizado

Por Carlos Luis Baron miércoles 20 de junio, 2012

En un país con la carga tributaria actual, transferible en un alto porcentaje a la población en sentido general, que ya no resiste más impuestos, por las precariedades económicas, una nueva legislación en tal sentido debería estar dirigida a lo optativo, lo justiciero, las suntuosidades extremas, como a los esnobismos impropios en sociedades pobres como la nuestra. A sectores y contribuyentes determinados, que no puedan traspasar la carga a los demás, o a una gran parte de la ciudadanía.

El tener que apelar una vez más a otra reforma fiscal en la República Dominicana, única salida que encuentran los políticos de nuevo cuño para recabar ingresos que les permitan honrar determinados compromisos estatales, como costear los despilfarros en que de ordinario se incurre, amén de las reciprocidades de carácter partidarista que siempre se estilan, luce en estos momentos inminente. ¡De que va, va!

Claro, la misma podría tener un costo político bastante alto para el partido oficial gobernante, a menos que, se procure proceder con el tacto debido, para no seguir afectando a las clases más necesitadas del país.

En el tenor de lo que se trata, hay algunos de los llamados expertos tributarios de los que se gasta esta nación, que en esencia, la mayoría no son más que tecnócratas al servicios de los políticos gobernantes, que han estado hablando y recomendando sobre la creación de nuevas cargas impositivas, en contra de algunos sectores nacionales.

Evidentemente, ellos saben, y procurar sugerir fuentes posibles de recaudación fiscal. También conocen, hasta de cómo evadir el pago de los tributos después. Claro, como esos llamados técnicos, normalmente abogados por demás, ignoran bastante sobre asuntos económicos, y en cuanto a las intríngulis que envuelven las actividades financieras en su meollo, nunca reparan con atención, en términos de los efectos negativos que se puedan derivar de la imposición no sopesada de determinados impuestos.

De todos los planteamientos que se han estado haciendo sobre el particular, unos de los que más llaman poderosamente la atención, son los externados por Edgar Barnichta Geara, según una publicación aparecida en el medio “Diario Libre”, en su edición de fecha 19-6-12. Entre esos, hay algunos que resultan muy dignos de mención analítica aquí.

Por ejemplo, habla este señor, de imponer un tributo a la propiedad rural. Proceder de igual modo, con las extensiones de terrenos baldíos que existen en el país, con el caramelo de que, eso a su vez serviría también “como instrumento de producción obligatoria”, con relación a esos últimos. ¡Que bien!

Parece ser que, no se ha pensado en lo que tal decisión podría significar; qué implicaría un gravamen a la propiedad rural, en términos de la determinación de los costos de la producción agrícola, con efectos traslativos hacia los consumidores de los productos que se cosechen.

Pero además en que, ya en el otro orden – terrenos baldíos -, a nadie se le debe imponer pagar un impuesto por algo que no está produciendo nada; que no se ha dedicado a ninguna actividad productiva, probablemente por la falta de capacidad económica para hacerlo; o, de condiciones que le son adversas a la propiedad o activo de que se trate, en relación con la explotación de cualquier tipo de actividad comercial a desarrollar allí.

Las tierras sólo se adquieren para ponerla a producir; o, como inversión, con intenciones de venta futura. Si lo primero es posible, y se comprueban las factibilidades para hacerlo, ante la indiferencia de los dueños, lo que debe hacer el Estado es expropiarlas, y entregarlas a los campesinos. Pero, facilitándoles además, los recursos económicos necesarios para su explotación, ya que, según el mismo señor Barnichta Geara, “el Estado tiene que saber que producir en el campo no es fácil”. Luce, como que él, “se canta y se llora”, tal cual dice un refrán popular.

En el caso de que sea para procurar beneficios futuros, aprovechando el “relajo” de la especulación cambiaria que aquí se registra, sí que procedería gravar significativamente la utilidad lograda por el inversionista vendedor.

Preciso es destacar que, el referido experto trata de sustentar sus sugerencias en ese orden, a partir del referente estadounidense, cuando señala que, “hay lugares en el mundo, como el Estado de Delaware, en Estados Unidos, que no pagan Impuesto Sobre la Renta, sino que ahí se vive del impuesto a la propiedad inmobiliaria”.

En lo que él no piensa es que, ese marco de referencia con respecto a nuestro país no aplica. Allí en el Norte, se imponen tributos, y hay que pagar; pero, en buen porcentaje de los impuestos retornan a la población contribuyente o no, por diferentes vías “reciprocatorias”. En esta nación de nosotros, se desconoce normalmente el destino final de lo recaudado por ese concepto, cuando no es que una gran parte, “viaja por los cielos siderales”.

Sobre otro sector, que se recomienda gravar, y ¡aquí si la puerca retuerce el rabo!, como se dice; alegremente, se podría entender, por el poco reparo que se advierte en cuanto a todo lo que eso podría generar en detrimento de la propia economía del país, y quizás hasta de su estabilidad social, es lo que se refiere a penalizar los intereses financieros que reciben del sistema bancario las personas físicas como morales, nada menos que, en un 10%. Seguro que los proponentes, o los que estén de acuerdo con esa medida, no resultarían afectados.

Analizando a grosso modo, para concluir sobre los efectos nocivos derivados que se desprenderían de tal decisión, sólo habría que ponerse a pensar en que, con un escenario actual como el que se tiene en el país, con tasas de interés pasivas por el suelo; una paridad cambiaria con tendencia alcista cada vez; y que ahora, se procure además, disminuir los ingresos que reciben los depositantes por su ahorros e inversiones, lo que podría venir se advierte con facilidad.

De seguro que, se presentarían de inmediato los retiros masivos de dinero a nivel de la banca nacional, y otras instituciones del sistema, afectando considerablemente su liquidez.

Una exorbitante alza en la tasa de cambio, producto de la demanda de dólares en el mercado, por las inminentes compras que se realizarían con los pesos retirados de los bancos, y demás instituciones del sistema. ¡Dólares que, lo más probable es que, serían depositados en el exterior!

Eso conllevaría un aumento bastante significativo en los precios de los bienes y servicios que se adquieran en esta nación, muchos con carácter de imprescindibilidad, como son los casos de: energía eléctrica, combustibles, medicinas, y asistencia de salud.

Pero además, volverían a tener vigencia los efectos para depósitos caseros de otrora: las alcancías, las botijas, lo colchones con doble fondo, etc., prácticas que, en el marco de los escenarios delincuenciales que se registran en este país, vendrían a coadyuvar aun más, con el flagelo delictuoso que nos afecta, y que ya se torna incontrolable su manejo, por parte de las autoridades nacionales competentes.

El otro renglón que se agrega a las sugerencias de fuentes recaudatorias, entre un abanico de opciones, es el concerniente al cobro por concepto de la expedición de placas para los vehículos privados de motor, con aumentos graduales suponemos, en función del cilindraje de cada uno, algo que se podría entender como justiciero; ya que, el que puede comprar un vehículo con esas características, que le cueste más de tres millones de pesos, como los hay tantos aquí, bien podría pagar sin problema, hasta RD$20,000.00 anuales por ese concepto.

No obstante, es algo que también tendría que ser sopesado, pues hay recordar que, para la determinación de los impuestos arancelarios a cubrir por su importación, ese es un factor importante a considerar, y las recaudaciones por ese concepto podrían tender a disminuir, cuando no se quiera pagar tanto alto importe por la placa de circulación. Igual riesgo se corre con el consumo de combustibles, en cuya determinación de precios se incluye una carga gravosa impositiva, que resulta bastante atractiva para el Fisco.

Es por todo lo expresado que, para estar hablando y recomendando sobre la creación de nuevos impuestos, con cargas que se puedan reportar muy lesivas para la población, muchos por congraciarse con las nuevas autoridades entrantes, hay que tener cierto cuidado; y estar bien claro, a los fines de ponderar en adición, todos los efectos que se puedan derivar, como las notables incidencias a nivel de las economías familiares, y del país en general. También, de conservar la paz y el sosiego de todos dominicanos. ¡Las presiones tributarias a nivel mundial, sin compensaciones, constituyen una bomba de tiempo!; que nadie se pierda.

La gran reforma fiscal que ahora se debe hacer aquí, es eliminar todas las exenciones a los poderosos grupos económicos que patrocinan campañas electorales, como a aquellos, que negocian con lo servicios públicos básicos que requiere la población. De igual forma, a los aliados a los partidos políticos en general, por una parte.

De otro lado, procurar una significativa disminución del gasto público; que no haya tanto despilfarro de recursos; y que, muchos funcionarios del gabinete no devenguen salarios superiores al del mismo presidente nuestro, como al de los Estados Unidos de América.

En adición, que se penalicen las suntuosidades y las fantocherías que se estilan en esta República, dividida en dos sectores: los que mucho tienen, hasta para botar, que poco han trabajado; y, los que a pesar de los grandes esfuerzos laboriosos, se los está llevando el diablo; aquellos que a penas pueden subsistir.

Que no olviden los que recomiendan, y los que se acogen a las sugerencias tributarias catalogadas como abusivas, ¡que los inventos intranquilizantes de ese tipo, pueden perjudicar mucho a la postre; que los pueblos aguantan hasta un día; que cuando estallan, desperados, lo hacen de muy mala manera; y que, los que más pierden cuando eso ocurre, son los que más tienen!