Una opinión con contenido para derivar conclusiones

Por Carlos Luis Baron martes 24 de enero, 2012

Sobre variadas cosas de poca importancia, se escribe con regularidad en los periódicos de este país. Ahora, en ocasiones aparecen trabajos de opinión que merecen ser leídos con atención, tratando de extraerle la quintaesencia que subyace en lo expresado, como dirían algunos juristas, para arribar a certeras conclusiones, alertantes por demás, si son asimiladas debidamente.

En la edición de fecha 20 de enero del 2012, del periódico “El Día”, apareció un pequeño trabajo de opinión, por el espacio que ocupa, en la columna “Bitácora para lúcidos”, y bajo el título “De Jueces y política”, escrito por David Álvarez Martin, que entendemos revelador de lo que ha sido y seguirá siendo, claro está, por la conformación de sus instancias, la cruda realidad de la justicia dominicana, en términos de administración y aplicación, pincelada con ribetes siempre políticos.

Como bien señala ese autor, “En la elección reciente de los jueces de las Altas Cortes el procedimiento constitucional fue seguido al pie de la letra y le correspondía por tanto a políticos escogerlos, salvo los dos miembros de la Suprema Corte de Justicia”.

Claro, son los políticos aquí, lo que ponen y disponen en ese tercer poder del Estado nacional, a través de la selección y designación de los magistrados superiores que dirigen, conforme con la normativa procedimental establecida constitucionalmente.

En ese tenor, el mandato evaluatorio, previo a la elección última de los jueces para las denominadas “Altas Cortes”, fue llevado a cabo por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, lo que sí quedó en entredicho para mucha gente autorizada en la materia, fueron las designaciones que finalmente se produjeron, respecto de los resultados que pudieron haber arrojado las evaluaciones realizadas; y, obviamente, las aptitudes personales evidenciadas por todos los elegidos, amén de las experiencias de ejercicio profesional necesarias, que se consideran exigibles en cada caso.

Es por ello que, mientras algunos han estado muy de acuerdo con el trabajo llevado a efecto, las críticas han llovido por otro lado, aduciéndose que, allí lo que hubo no fue más que un reparto consensuado entre las principales fuerzas políticas del país, con la influencia soterrada de determinados sectores económicos poderosos nacionales, en búsqueda de inmunidad y protección futuras compartidas, o reciprocadas.

Ahora, retomando en parte lo expresado por el señor Álvarez Martin, en cuanto a que el poder ejecutivo y legislativo – compuestos por políticos representantes de sus parcelas coloreadas, como es bien sabido -, participan aquí de manera directa en la escogencia de los más altos jueces nacionales, para la administración y aplicación de justicia, que a su decir, también ocurre en otros países democráticos, esto último entre comillas agregaríamos nosotros, crea la gran inquietud referente a la imparcialidad y la apoliticidad obvias, que se requerirían para un ejercicio pleno y efectivo, dentro de un área tan exigible y delicada como esa.

Se puede deducir entonces que, mientras en este país, en que todo gira alrededor del eje poderoso de la política partidarista, enmarcada siempre dentro de un contexto inversionista-comercial, padrinazgos y encubrimientos, el voto de mayor peso para elegir a los jueces de las denominadas “Altas Cortes”, provenga de los sectores políticos comprometidos, la administración y aplicación de justicia, por tantos esperadas aquí, jamás las tendremos. ¡Todo seguirá tal cual, como hasta ahora!, procesos y condenas sólo para los desamparados.

Esa concepción desesperanzadora, se fortalecería más aun a partir de analizar las precisiones que al final de su trabajo hace el articulista sobre que, “Tenemos las Cortes que el nivel de desarrollo de nuestra democracia permite. Se mejorará en la medida en que jóvenes con capacidad y honestidad se involucren en política, en los partidos existente o por hacer,……………..”.

Evidentemente, son pareceres que lucen conformistas y muy cuestionables a la vez, que plantean preocupaciones e interrogantes en cualquier pensador medio; como tales serían, en primer lugar, si las Cortes están acordes con ese nivel que él señala, andarán entonces muy mal, puesto que en esta nación de lo que menos se podría hablar es de democracia, que no sea en ínfimo grado, ¡sí de libertinaje a todas luces! Los deberes y las responsabilidades ciudadanas inherentes a un sistema democrático, están de capa caída en esta nación, incluyendo los que conciernen a una gran parte de sus autoridades.

Segundo, otra giraría en torno a que, ¿se puede mejorar con la eyección juvenil señalada el asunto? ¡Es bien difícil! Los jóvenes con capacidad y honestidad, que logre alcanzar tener el país, nunca se involucrarían en actividades políticas, ya que no les dejarían pasar – serían la nota discordante -, como en efecto ocurre.

Y, porque además, tendrían que dejar de lado esas condiciones tan loables, para poder adaptarse a los comportamientos circunstanciales que les impongan los entornos viciados ya, de la politiquería demagógica y la corruptela estatal existente, por mucho tiempo previsible, mientras se continúe bajo los mismos esquemas de gobierno, y las injerencias extranjeras condicionantes de los prestamistas.

Un punto digno de destacar, entre los aspectos que él señala, al terminar aquí esta humilde exposición es que, el país debería tratar de emular, como nosotros copiamos tanto, a los Estados Unidos, en cuanto a la escogencia por voto popular de las principales autoridades judiciales – ellos sólo lo hacen con algunos fiscales, a su decir -; que, aunque también sería un acto político, mediaría en el mismo la voluntad libérrima de la población, y no las componendas e imposiciones provenientes de los poderes ejecutivo y legislativo locales. ¡Así podríamos tener administración y aplicación de justicia, con eficiencia razonable, acá!