Vigorización de la iniciativa delincuencial

Por Carlos Luis Baron domingo 29 de julio, 2012

El Código Procesal Penal ha creado la delincuencia más vigorosa que jamás la ciudadanía dominicana había visto en toda la Historia de la República Dominicana.

Con él se vigorizó a la delincuencia y se desprotegió a la sociedad y a las víctimas.

La delincuencia dominicana le debe su vigor y empuje a la fuerza de acción que le proporciona el CPP a los delincuentes para desembarazarse de una denuncia, de una querella o de una acusación.

Pues dicho código les crea a los delincuentes derechos incondicionales, totales: pueden hacer y deshacer, destruir y destruir, pulverizar y pulverizar bajo la creencia totalmente cierta de que tiene a su favor más del noventa y nueve por ciento del régimen jurídico creado por el CPP.

La incondicionalidad y la totalidad de ese enriquecimiento “jurídico“ con que se ha beneficiado a la delincuencia dominicana (e iberoamericana) es el secreto de ese vigor y de ese auge delincuencial que ahoga la vida social dominicana (e iberoamericana) en todas sus manifestaciones o vertientes.

El CPP, indudablemente, ha fortalecido “la iniciativa privada“ del(os) delincuente(s): ese ha sido “el gran mérito“ del CPP.

La fuerza de “iniciativa individual“ que crea el CPP en cada delincuente y en los colectivos de delincuentes (y en los atraídos a convertirse en delincuentes por los ejemplos que ven por las facilidades que dicho código crea y establece) es enorme.

Esa fuerza de iniciativa de que gozan los delincuentes bajo el CPP es una formidable fuerza de transformación negativa de la sociedad, en el sentido destructivo de esta última: esa fuerza de iniciativa delincuencial creada por el CPP es pasmosa.

Les da a los delincuentes un ejercicio libérrimo para hacer y deshacer a diestra y siniestra.

Correlativamente: la tendencia natural de los ciudadanos de lanzarse a las vías del progreso mediante todas las manifestaciones emprendedoras y expresivas del trabajo productivo se ve naturalmente bloqueada y vencida ante la realidad de los hechos que éllos ven que la delincuencia genera día tras día en todo el país.

Esos hechos no son invisibles para los legisladores dominicanos: éstos los ven y se hacen de la vista gorda ante esa realidad palmaria cotidiana y ocurre así con todos éllos porque todos éllos, gracias a sus relaciones de poder, tienen cómo resolver sus desgracias convirtiéndose así en un grupo privilegiado; pero la inmensa generalidad de la población no tiene ese privilegio de las relaciones de poder y por eso esa inmensa generalidad de la población es triturada por el “sistema“ instaurado por el CPP que le impide accesar a una Justicia verdadera.

Todavía el Congreso Nacional ni remotamente ha hecho consciencia ni ha cedido a la realidad del hecho negativo de la vigencia del CPP, a la realidad de ese retroceso indefinido en que se expresa la vigencia del CPP…

El esmero expresado en “esfuerzos teóricos“ en supuestamente organizar “cada vez más sólidamente“ y en supuestamente “pulir“ el Estado de Derecho ha sido tan tal que ese afán se parece al del cuento del afán aquél que terminó en hacer que alguien perdiera los ojos.

Dentro de dichos “esfuerzos teóricos“ se inscribe el surgimiento en los últimos tiempos de una corriente de pensamiento que se centra sobre el imputado para sobreprotegerlo más allá de lo necesario en desmedro y en perjuicio de los intereses de la sociedad y de las víctimas de los delincuentes; que tiende a hacer inefectivas las funciones de poder del Estado en sus dos vertientes: en la de la persecución de las infracciones penales y en la de aplicar las sanciones correspondientes a dichas infracciones penales.

La sociedad delega en el Estado los derechos necesarios para hacer efectivas las funciones de poder que se le encarga realizar.

La tendencia ha sido en el sentido de crearle nuevos “derechos“ al imputado, crear “procedimientos“, “instituciones“ y “reglas“ favorables siempre y únicamente a favor del imputado.

Ese acrecentamiento jurídico (nuevos “derechos“, “procedimientos“, “instituciones“ y “reglas“) favorable al imputado subordina lo total a lo parcial, es decir, alzaprima el interés del imputado (= lo parcial) por encima del interés de la sociedad (= lo total) y de las víctimas.

En ese “sistema“ creado por el CPP no se subordina el interés individual del imputado al interés general, sino que, por el contrario, se subordina el interés general al interés particular del imputado.

Lo que crea el Código Procesal Penal es una maquinaria jurídica al servicio del imputado.

Esa maquinaria jurídica al servicio del imputado avasalla y demuele contundentemente el interés de la sociedad y el interés de las víctimas.

Sólo las relaciones de poder pueden permear esa estructura así creada para desviarla hacia lo que le interese al poder de turno.

Esa tendencia de favorabilidad al imputado se expresa no sólo en ese sentido de favorecer al imputado, sino, también, correlativamente, en el sentido de reducir los derechos de la sociedad y de las víctimas; con dicha tendencia a la sociedad y a las víctimas se les quitan derechos.

Por ello el soplido pestilente del CPP ha resquebrajado, haciéndola puros añicos, a la seguridad general.

En la concepción del CPP: a) el Estado renuncia a poderes y facultades; b)la sociedad pierde derechos, igualmente las víctimas; y c) el imputado acrecienta su patrimonio jurídico con todo un arsenal de nuevos “derechos“, “instituciones“, “procedimientos“ y “reglas“ todos a favor del imputado.

Ganancioso en dicha perspectiva concepcional lo ha sido el imputado, lo cual, para efectos prácticos se traduce en que gananciosos han resultado los delincuentes (ganancias para los delincuentes).

El CPP ha demostrado experimentalmente su ineficacia.

La obstinación de los flamantes legisladores dominicanos en no querer ver eso o la incapacidad de éllos de ver esa realidad es tan perseverante, que se resisten desvergonzadamente frente a la demostración innegable de los hechos.

Hay una fuerza visible, persuasiva y convincente que sólo los ciudadanos que no son legisladores la perciben: es la fuerza que transmite la realidad del acontecer de los hechos.

Es la experiencia que patentiza los peligros a que ha expuesto a la ciudadanía dominicana, que no ostenta el título de legislador, la vigencia del CPP.

El Congreso Nacional no ha cedido a la realidad de los hechos ni le interesa ceder por la razón muy específica que ya señalamos precedentemente, pero los miembros del Congreso Nacional son una minoría y ese privilegio que tienen sus miembros no lo tienen los componentes del pueblo que son diariamente afectados por la delincuencia cuyo vigor sigue in crescendo…Gracias al Código Procesal Penal.

La demostración innegable de los hechos es que desde el veintiseis (26) de Septiembre del año dos mil cuatro (2004), fecha en que entró en vigor el Código Procesal Penal, la sociedad dominicana ha sufrido y contemplado el disparo galáctico de la delincuencia debido a la consciencia que han creado los delincuentes de que bajo el régimen del CPP gozan de posibilidades (todas las posibilidades, infinitas posibilidades) y “derechos“ que nunca siquiera soñaron durante la etapa anterior de su vida que representa esa frontera cronológica que es dicha fecha (por cierto es fecha de fiesta para la delincuencia).

Eso le ha transmitido e impreso a la delincuencia un vigor tremendo, incomensurable: ha convertido a la delincuencia en un superpoder negativo de trascendencias obviamente nefastas.

Es la materialización o concreción de una concepción de un sistema de criterio unilateral en el que se cree que la Justicia se cumple y se agota en favorecer al imputado.

El Código Procesal Penal ha sido un ensayo burlesco contra la sociedad y las víctimas: el CPP es La Viagra de la delincuencia.