Ya nadie queda a salvo en Estados Unidos del escrutinio del FBI

Por domingo 6 de noviembre, 2005

Washington, (EFE).- En aras de la seguridad nacional, el FBI ha ampliado el uso de una figura administrativa para escudriñar a todo ciudadano o visitante en Estados Unidos, y da igual si tienen o no vínculos con el terrorismo internacional.

Se trata de las "Cartas de Seguridad Nacional" ("National Security Letters", NSL), autorizadas dentro de la ley antiterrorista promulgada tras los atentados de 2001 y que permiten a la policía federal (FBI) recabar toda clase de información personal de los estadounidenses sin permiso de los tribunales.

Los excesos del FBI en el uso de esos documentos han sido criticados por grupos defensores de los derechos civiles, que temen que, bajo el paraguas de la lucha global de EEUU contra el terrorismo, nadie escape a la mirada, o vigilancia absoluta del "Gran Hermano" profetizado por el escritor George Orwell.

El asunto cobra importancia nacional ya que el Congreso de EEUU debe aprobar un proyecto de ley que renueva la denominada "Ley Patriota", que amplió el uso de las NSL e incluye, además, 16 polémicas cláusulas que vencen a fines de este año.

En 132 páginas, la "Ley Patriota" amplió las facultades del Gobierno para vigilar, detener o deportar a sospechosos de terrorismo, y amplió a cualquier ciudadano las NSL, una figura administrativa de los años 70 que el FBI utilizó inicialmente para acceder a los expedientes privados de presuntos agentes extranjeros.

Ahora, mediante la sección 505 de esa ley, el FBI puede recurrir a esas cartas para vigilar las comunicaciones, los historiales médicos y financieros, así como otros datos privados de todo estadounidense y visitante en el país.

Estos documentos permiten que los agentes del FBI puedan acceder, sin el conocimiento o consentimiento de los afectados, a información como cuentas bancarias, sitios visitados en Internet, correspondencia electrónica o libros prestados de una biblioteca, entre otros.

Todos estos archivos son depositados en varios bancos de datos del Gobierno, que puede compartirlos con otras entidades a su antojo, informó hoy el diario "The Washington Post", al detallar varios casos del exceso policial.

Citando fuentes gubernamentales, el rotativo indicó que el FBI ahora emite cada año más de 30.000 "Cartas de Seguridad Nacional", que no requieren el visto bueno de fiscal, juez o jurado.

El Gobierno logró derrotar un proyecto de ley y una demanda judicial que exigía una rendición de cuentas sobre el uso de esas cartas "y no ha ofrecido ejemplo alguno sobre cómo el uso de éstas ha contribuido a frenar algún complot terrorista", aseguró el diario.

Antes, el FBI debía ofrecer razones específicas para justificar su acceso a datos confidenciales -por ejemplo, que se trata de un presunto espía o terrorista-, pero ahora sólo debe certificar que los archivos son "relevantes" para la lucha contra el terrorismo.

Si en teoría las NSL ayudan a capturar terroristas, en la práctica, estas prácticas permiten que el FBI investigue a cualquier persona que por azar se haya cruzado con un sospechoso.

Grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) han advertido que el uso de las NSL es "antidemocrático", viola la privacidad de las personas y puede afectar a gente inocente.

"El secretismo en torno a esta ley ha impedido que el público y hasta el Congreso se enteren de cómo el FBI está utilizando sus nuevos poderes", se quejó esta semana Ann Beeson, una abogada de la ACLU.

Las quejas también vienen del sector privado, ya que muchas empresas y asociaciones han dicho que las exigencias del Gobierno para obtener cada vez más un mayor volumen de información de los ciudadanos les suponen una carga.

El Departamento de Justicia -que ha ofrecido al Congreso poca información sobre el uso y alcance de las NSL- y algunos legisladores republicanos han defendido la vigilancia clandestina del FBI, con el argumento de que "el que no las debe, no las teme".

Además, representantes del Gobierno han insistido, en diversas audiencias del Congreso, en que las autoridades tratan de mantener un equilibrio entre la protección de los derechos civiles y la defensa del país contra posibles actos de terrorismo. EFE